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Vivir, trabajar y votar en Cataluña
25/08/06
Per: Joan Saura
La proposición de IU-ICV y PSOE para extender el derecho a voto
en las elecciones municipales a los extranjeros residentes legales ha provocado
la airada reacción del nacionalismo conservador y ha puesto en evidencia
los temores y prejuicios sobre inmigración. Hemos escuchado opiniones
lamentables desde un punto de vista no ya progresista sino simplemente
democrático: “una amenaza para el proyecto de país”, “Cataluña
no puede regalar derechos” o el requisito del conocimiento de la
lengua, la cultura y determinados valores para ejercer el derecho al voto.
En un artículo en estas páginas el señor Duran insistía
en algunos de estos argumentos.
Son opiniones que me sorprenden y me preocupan. Me sorprende el rechazo de
CiU porqué ya hoy los extranjeros comunitarios pueden votar en las
municipales y europeas, dándose la paradoja de que un húngaro
recién llegado puede votar y un ecuatoriano o un marroquí con
años de residencia no. En Europa no es nada nuevo: en Irlanda, Holanda,
Suecia, Finlandia, Dinamarca y Bélgica se reconoce el derecho a voto
en las municipales a residentes extranjeros no comunitarios.
Pero lo que más me preocupa es que, si la opinión del señor
Duran es la de CiU, se está rompiendo un pacto existente en la sociedad
catalana según el cuál es catalán quién vive y
trabaja en Cataluña. Un principio fundamental sobre el que se asienta
nuestra voluntad de ser un solo pueblo, sin distinción de origen, condición
básica para garantizar la existencia nacional de Cataluña. Ya
que Duran menciona en su artículo la memoria histórica haría
bien en recordar el papel del PSUC como motor de integración de la
inmigración procedente del resto de España en los años
sesenta y setenta. No se trata de dar lecciones a nadie, pero hay que aprender
de la historia.
El derecho al voto es una conquista democrática fundamental, que debe
estar condicionada exclusivamente a un período de residencia, pero
no limitado por unos conocimientos lingüísticos o culturales.
En términos democráticos sería una aberración,
como la exclusión de derecho a voto por sexo o renta. Pero el derecho
a voto es también una forma de evitar la xenofobia y la exclusión,
es un factor de incorporación política a la sociedad y, al mismo
tiempo, genera un sentimiento de pertenencia al país de acogida.
Dice Duran que con los derechos hay que hablar de deberes. ¿Quién
dice lo contrario? Los mismos derechos y deberes que se establecen para el
conjunto de la ciudadanía, la misma exigencia en el cumplimiento de
la ley, por supuesto. ¿O es que lo que se está diciendo es que
hay ciudadanos que tienen que realizar un especial acto de adhesión
a nuestro marco legal y a nuestros valores en función de su origen,
su cultura o su religión? ¿Los inmigrantes del sur sí pero
los extranjeros del norte o del este no?
Es indudable que el derecho a voto no lo soluciona todo. Es imprescindible
favorecer el desarrollo de los países empobrecidos, tener una política
europea de regulación de los flujos migratorios, una política
de acogida eficiente y una potente política social que favorezca al
conjunto de la ciudadanía. Pero el reconocimiento de los derechos políticos
es un paso fundamental para crear una sociedad cohesionada.
CiU ha reconocido en múltiples ocasiones que nuestra economía
necesita la inmigración. ¿Los necesitamos como mano de obra,
pero no los queremos cómo ciudadanos? ¿Pueden votar y ser elegidos
en las elecciones sindicales pero no en las municipales? Les exigimos que
se integren y que adopten nuestros valores constitucionales, culturales y
lingüísticos pero les impedimos ejercer el derecho elemental al
voto. ¿En qué quedamos?
Rechazar el derecho al voto es una forma de decir que se acepta a los inmigrantes
como factor productivo, pero que no son aptos para formar parte de nuestra
comunidad con iguales derechos y deberes. Y por lo tanto se roza peligrosamente
la xenofobia, al generar una desconfianza ante la diferencia, que puede convertirse
en rechazo al inmigrante como ciudadano y vecino.
Lo que este debate pone en evidencia es que la derecha catalana no está en
condiciones de liderar Cataluña para hacer que en el siglo XXI seamos
también un sol poble.
Joan Saura
Conseller de Relacions Institucionals i Participació y presidente de
ICV.
